Por Carlos Hartig.
La crisis institucional en Nayarit ha escalado a nivel federal. Óscar Flavio Cedano Saucedo, secretario general del SUTSEM, presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal sin precedentes que señala directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, a la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo y al presidente del Congreso local, por la presunta comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad. El líder sindical acusa al gobierno estatal de convertir a la fiscalía en un «brazo ejecutor» de terrorismo institucional para silenciar la disidencia laboral y periodística.
El documento, sellado este 9 de marzo de 2026, expone una dualidad jurídica alarmante: mientras seis trabajadores sindicalizados enfrentan procesos penales y la retención del 60% de sus salarios por manifestarse —un derecho constitucional—, los altos mandos del estado incurren en las mismas conductas (bloqueos y coalición) bajo total impunidad. Cedano Saucedo desafió públicamente a la fiscal Heredia a aplicar la «vara pareja», cuestionando si en 12 días la autoridad será capaz de vincular a proceso al gobernador con la misma celeridad con la que castiga a los trabajadores.
La denuncia trasciende el conflicto laboral al exponer un patrón de criminalización de la libertad de expresión. El SUTSEM puso como evidencia el acoso judicial contra periodistas y columnistas que han documentado actos de corrupción en el gabinete de Navarro Quintero, específicamente señalando al jefe de asesores Gabriel Camarena. Según el sindicato, la Fiscalía opera bajo una lógica de «justicia selectiva» donde se protegen los intereses del Ejecutivo mientras se persigue a abogados defensores y comunicadores, creando un estado de excepción de facto en la entidad.
Un punto de quiebre en la narrativa estatal es la gestión de la seguridad y los derechos humanos. Cedano Saucedo desmintió los discursos oficiales de paz, señalando que la FGE se «encuarteló» durante enfrentamientos del crimen organizado, dejando a la población a merced de la violencia. Asimismo, calificó de «burla técnica» el peritaje exprés que, en menos de una hora, dictaminó que restos óseos encontrados en las instalaciones de la fiscalía eran de origen animal, ignorando la presencia de casquillos percutidos en el lugar.
La dirigencia del SUTSEM confirmó que ya han acudido a la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que la institución atraiga los casos de despojo y persecución política en Nayarit. El argumento central ante las instancias federales es la total ausencia de autonomía de la fiscal local, a quien comparan con figuras del pasado régimen por su cercanía operativa con estructuras anteriormente vinculadas a la criminalidad, pero bajo un nuevo ropaje político que hoy intenta sofocar cualquier voz crítica.
Con esta acción, el sindicalismo nayarita busca romper el cerco informativo impuesto en la entidad y forzar la intervención del Gobierno Federal. «Nayarit no es una república independiente; aquí se violan derechos humanos bajo el amparo del poder estatal», sentenció Cedano, subrayando que la denuncia es el último recurso legal para evidenciar que, en el estado, la ley se usa como un garrote político y no como un instrumento de justicia.
